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La explotación
del uranio en Sierra Pintada
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La situación no es
nueva y ya había sido anunciada por el ministro Julio De Vido: el
Gobierno nacional tiene la intención de impulsar la reapertura de
las minas de uranio actualmente paralizadas. El objetivo apunta a
generar las condiciones para que la explotación de este elemento
vuelva a ser negocio para las empresas mineras, y para ello declara
de “interés público” la prospección, explotación, transporte y
comercialización de uranio, haciendo la salvedad de que deberán
“respetarse las normas de protección del medio ambiente”.
Destaca la iniciativa que será el Estado el que compre todo
lo que se produzca y exportará sólo lo que le sobre, después de
abastecer al país, y crea un fondo especial y un banco de
transacciones y almacenamiento de minerales nucleares, que se
encargará de la comercialización.
Las estimaciones indican que en el mundo funcionan aproximadamente
400 centrales nucleoeléctricas, que producen el 20 por ciento de la
electricidad que se consume, mientras en nuestro país hay dos
centrales en funcionamiento (Atucha I y Embalse), está en
construcción Atucha II y existen otras en proyección.
La Argentina actualmente importa todo el uranio que necesita para la
generación nuclear -unas 1.200 toneladas entre 1996 y 2005- y la
libra de uranio, que en la década del ’90 costaba 7 dólares,
actualmente se cotiza a 135 dólares. Paralelamente, las proyecciones
a futuro respecto del valor son más que interesantes, porque China,
en su plan de expansión, tiene prevista la construcción de un
centenar de centrales nucleares hasta 2020, lo que ubicará a ese
país en un fuerte comprador de uranio y redundará en el aumento de
los precios del mineral.
En el país hay dos yacimientos de uranio que están inactivos. Uno es
Don Otto, en Salta, cuya reapertura ya ha sido avalada por el
presidente Kirchner y la restante es la de Sierra Pintada, en el sur
de la Provincia, que dejó de explotarse porque en aquel momento no
era rentable por el bajo precio internacional.
En el caso de Sierra Pintada, la discusión actual se centra en el
tratamiento de los “pasivos” (o colas de uranio), porque la Comisión
Nacional de Energía Atómica nunca solucionó el problema y es lo que
ha generado críticas por supuesta contaminación. A raíz de ello, el
Gobierno provincial, por presión de la multisectorial de San Rafael,
firmó un acuerdo que estableció que no podría hablarse de la
reapertura de la planta si previamente no se producía la
“remediación” de los “pasivos”.
Pero los tiempos comienzan a acelerarse y a corto plazo la Provincia
puede llegar a quedar en medio de una discusión entre la presión del
Gobierno nacional por reanudar la explotación y la preocupación de
la gente del Sur por la posible contaminación. Aunque, es dable
aclarar, se está hablando de la contaminación que generan las colas
de uranio y no de la explotación en sí, más aún cuando un estudio
señala que los niveles contaminantes en la explotación están
encuadrados entre “tolerables” y “normales”.
Pero para que el problema no vuelva a presentarse, la Provincia
deberá dejar de lado cualquier tipo de actitud ambivalente. Porque
si bien es cierto que la CNEA actuó irresponsablemente en el
tratamiento de las colas de uranio, ello surgió por la carencia de
un efectivo control por parte del Gobierno provincial.
Hoy el uranio ha pasado a ser una cuestión estratégica para el país
y el Gobierno nacional ha anticipado que no está dispuesto a dejar
pasar la oportunidad de explotar su potencial.
Será necesario entonces que la dirigencia política local tome el
tema con la suficiente madurez, deje de lado algunas mezquinas
actitudes políticas y establezca los lineamientos para un estricto
control, a los efectos de que la explotación no genere
inconvenientes de contaminación. Paralelamente se deberá realizar
una eficiente tarea de información, llevando tranquilidad a la gente
y aliviando así la preocupación en su lógica y comprensible defensa
del medio ambiente.
Los Andes
Jueves 4 de Octubre de 2007
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